Ciudad de Guatemala, 04 jul (AGN). – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció el pasado jueves 3 de julio a la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos, marcando un hito en la evolución de los derechos humanos y ambientales.
En sus redes sociales, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, indicó que este precedente legal abre la puerta a litigios estratégicos, leyes transformadoras y una mayor protección de los ecosistemas naturales en nuestro continente.
¡Avance histórico para los Derechos de la Naturaleza! La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció hoy a la Naturaleza como sujeto de derechos, marcando un cambio de paradigma en el derecho ambiental y los derechos humanos.
Este precedente legal abre la puerta a… pic.twitter.com/UAnfnYgPDd
— Patty Orantes 💧 (@pattyo502) July 4, 2025
Reconocimiento de los derechos de la Naturaleza
Según la Corte, este reconocimiento constituye un desarrollo normativo que refuerza la protección de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas en el largo plazo, brindando herramientas jurídicas efectivas para enfrentar la triple crisis planetaria y prevenir daños existenciales antes de que sean irreversibles.
Fue aprobada por cuatro votos contra tres; en cuanto a la opinión, se confirmó que reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos no introduce un contenido extraño a lo establecido sino que refleja una expresión contemporánea del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el medio ambiente.
Esto se lee en el precedente establecido:
Este enfoque fortalece un paradigma centrado en la protección de las condiciones ecológicas esenciales para la vida y empodera a comunidades locales y pueblos indígenas, quienes históricamente han sido guardianes de los ecosistemas.
Desde la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, se celebró este avance sin precedentes y lo reconocen como una herramienta clave para fortalecer la justicia ecológica y climática, así como para seguir impulsando la creación de marcos legales que reconozcan el valor intrínseco de los ecosistemas.
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