PGN: la “educación de la niñez no es moneda de cambio”, sin embargo, no se criminalizará la labor sindical

Ciudad de Guatemala, 13 jun (AGN).– El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, compartió durante La Ronda que, en el marco de la coordinación y articulación de esfuerzos que mantienen con la ministra de Educación, Anabella Giracca, han emprendido acciones para restituir el derecho a la educación.

Remarcó que no es aceptable que se sacrifiquen bienes superiores como la educación de los niños de nuestro país.

No es aceptable, bajo el pretexto de reivindicar derechos, que se sacrifiquen bienes superiores como la educación de nuestros niños. Jamás los privilegios de unos pocos deben constituirse sobre el perjuicio de toda una generación.

Y ante esto, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha presentado nueve acciones constitucionales de amparo, con el propósito de titular el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes del país.

Amparos para restituir el derecho a la educación

Saavedra previó la presentación de nuevas acciones judiciales, con el objetivo de garantizar una respuesta efectiva del Estado frente a esta situación de hecho impuesta por un grupo que pretende condicionar el presente y el futuro de la niñez.

Y compartió el estado actual de las siguientes acciones constitucionales de amparo:

  • El primer amparo se presentó por amenaza nacional de cierre y suspensión de clases, el cual cumplió con su objetivo inicial al ser otorgado el amparo provisional: evitar que se dieran estas medidas de hecho que el sindicato había anunciado.
  • Las dos nuevas acciones de amparo pretendían evitar que el sindicato hiciera las convocatorias a asambleas permanentes.

Y de incumplirse estas medidas constitucionales, un juez ordenó certificar los hechos para que el Ministerio Público pueda dar continuidad e investigar el incumplimiento de las órdenes judiciales que se le dieron.

La educación de la niñez no es moneda de cambio. Hay seis amparos que hemos también presentado en el territorio nacional, en Huehuetenango, Izabal, El Progreso, Jutiapa y Jalapa. Seis acciones constitucionales que a la vez vienen a sumarse a estos esfuerzos por evitar los efectos nocivos de las decisiones (del sindicato).

Finalmente, el procurador remarcó el mensaje del Gobierno de no criminalizar la labor sindical. Y el hecho de no cumplir con determinada orden el juez no implica que el objetivo del Gobierno y la PGN sea iniciar una persecución judicial.

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