Guatemala instala mesa de atención y protección a los migrantes

Ciudad de Guatemala, 7 dic (AGN). – El Consejo de Atención y Protección (CAP) efectuó su primera reunión, con el fin de tratar temas de respeto de los derechos humanos de los migrantes guatemaltecos.

Esta instancia se encargará de velar por la asistencia a este sector de la población, así como de promover campañas para prevenir la migración irregular.

En la junta se contó con la participación del director general de Migración, Guillermo Díaz, quien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 del Código de Migración, preside el CAP.

El funcionario resaltó la importancia de crear políticas que permitan el abordaje integral de la migración en el país, mediante espacios que agilicen las coordinaciones interinstitucionales.

Como invitado especial acudió Jorge Peraza Breedy, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para El Salvador, Guatemala y Honduras.

Acerca del CAP

Este consejo tiene a su cargo la creación de planes, programas y procedimientos para dar seguimiento a la atención y protección de las personas migrantes.

Además de la Dirección General de Migración, esta instancia está conformada por los siguientes ministerios:

  •  Educación
  • Salud Pública y Asistencia Social
  • Trabajo y Previsión Social
  • Gobernación
  • Relaciones Exteriores
  • Economía
  • Desarrollo Social

También la integran la Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Secretaría de Bienestar Social y Procuraduría de los Derechos Humanos.

En detalle

El CAP es el ente de la autoridad migratoria nacional responsable de generar campañas de prevención e información sobre los riesgos de la migración irregular y los derechos de las personas migrantes.

Además, le corresponde generar programas de sensibilización en el sector educativo dirigidos a niñas, niños y adolescentes, entre otras acciones.

Asimismo, debe proponer planes, programas y procedimientos en materia de educación, salud y personas desaparecidas, con la finalidad de dar seguimiento a procesos ya iniciados en coordinación con la sociedad civil, academia e iglesias.

 

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