Ciudad de Guatemala, 30 jul (AGN).- En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) presentó el Informe de Estado en Materia de Trata de Personas 2024-2025.
El documento recopila avances, desafíos y acciones del Estado guatemalteco frente a estos delitos que vulneran derechos fundamentales como la libertad, integridad y dignidad de las víctimas.
La presentación del informe se hizo con la participación de la vicepresidenta de la República, Karin Herrera; la secretaria ejecutiva de SVET, Danissa Ramírez; la viceministra de Relaciones Exteriores, María Luisa Ramírez, y la viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito, Mayda de León, entre otros funcionarios que integran la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas (CIT).
El informe ofrece un análisis detallado sobre la situación del delito en el país, abordado desde seis ejes:
- coordinación interinstitucional
- prevención
- protección
- atención especializada
- persecución penal
- sanción
Además, incorpora conclusiones y recomendaciones que buscan fortalecer la respuesta estatal ante este fenómeno.
Dimos un paso importante hacia la justicia y la dignidad con la presentación del Informe de Estado sobre Trata de Personas 2024-2025.
Este documento refleja nuestro compromiso para abordar este delito que vulnera la dignidad, libertad y derechos humanos. pic.twitter.com/lEOUmGb6yO
— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) July 30, 2025
Una mirada integral y colaborativa
El documento reúne datos cuantitativos y cualitativos proporcionados por instituciones gubernamentales, sociedad civil y cooperación internacional, y pone énfasis en los grupos más vulnerables: niñas, niños, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y migrantes.
SVET destacó la importancia de la articulación de esfuerzos intersectoriales, así como el compromiso de las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales para garantizar una atención efectiva y centrada en las víctimas.
Este informe representa un paso importante en la visibilización de los delitos de trata de personas en Guatemala y reafirma la responsabilidad del Estado en garantizar justicia, protección y reparación a quienes han sido afectados por estas redes criminales.
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