Oficializan elección del primer superintendente de Competencia

Ciudad de Guatemala, 21 oct. (AGN).- Jorge Miguel Castillo Castro fue nombrado primer superintendente de Competencia para el período 2025-2031, según la resolución 6-2025 publicada este martes en el Diario oficial.

La publicación detalla que el primer superintendente de Competencia ejercerá el cargo por seis años, los cuales cuentan a partir de la fecha de la toma de posesión.

Con su designación, Castillo Castro asumirá la representación legal de la institución y la gestión presupuestaria ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), entidad que este año asignó un presupuesto de 20 millones de quetzales para su funcionamiento.

El Superintendente

Castillo Castro cuenta con una licenciatura en Economía y una maestría en Finanzas por la Universidad Rafael Landívar (URL), así como una maestría en Estudios Internacionales por la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur.

En su trayectoria profesional destaca su desempeño como director de Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía (Mineco) entre 2020 y 2025.

También ha sido catedrático de posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

El directorio

El directorio que integra la Superintendencia de Competencia de Guatemala quedó completo y está conformado de la siguiente manera:

Estos son los nombres de los directores titulares y suplentes de las diferentes entidades que nombraron delegados ante la Superintendencia de Competencia.

  • Organismo Ejecutivo:

Javier Enrique Bauer Herbruger, titular

Luis Guillermo Velásquez Pérez, suplente

  • Organismo Legislativo:

Jorge Mario González Paz, titular

Jorge Alberto Santiago Chen Sam

  • Junta Monetaria

Edgar Rolando Guzmán Fuentes, titular

Alfredo Skinner-Klée Sol, suplente

De acuerdo con la ley, la Superintendencia de Competencia será una entidad autónoma y descentralizada con personalidad jurídica propia, encargada de la defensa y promoción de la libre competencia, prevención, investigación y sanción de las prácticas anticompetitivas, con facultades en todo el territorio nacional.

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