Ciudad de Guatemala, 18 ene (AGN).— El presidente Bernardo Arévalo reafirmó su compromiso con el rescate institucional del país durante una entrevista en CNN. Durante la conversación, destacó su intención de solicitar la renuncia de la Fiscal General.
Arévalo declaró con firmeza:
Citaremos al despacho a la Fiscal General, para pedirle su renuncia; lo he hecho público y lo reitero.
Este llamado se presenta como un paso necesario para iniciar el proceso de cambio y fortalecimiento del Ministerio Público.
En caso de que la renuncia no se materialice, el presidente anunció que su administración emprenderá todas las acciones legales posibles dentro del marco constitucional vigente. Arévalo subrayó la importancia de respetar las normas establecidas para lograr la remoción de la Fiscal.
¿Qué desafíos podría enfrentar Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala? Esta noche @soyfdelrincon habla con el flamante mandatario. Te esperamos a las 9 p.m. (hora de Miami) ¿Qué le preguntarías? pic.twitter.com/FD92BNojej
— CNN en Español – PR (@CNNEPrensa) January 18, 2024
Compromiso con la legalidad
El presidente reiteró su compromiso con la legalidad al afirmar:
En caso de que no haya renuncia, vamos a emprender toda acción legal posible.
Este enfoque destaca la importancia de seguir los procedimientos establecidos por la Constitución, evitando cualquier medida que pueda poner en riesgo la estabilidad jurídica del país.
Arévalo enfatizó que todas las acciones emprendidas estarán dentro del marco constitucional, subrayando el respeto a las leyes y normativas establecidas. Este enfoque busca garantizar que el proceso de rescate institucional se realice de manera transparente y acorde a los principios democráticos.
Asimismo, el presidente Arévalo, en su entrevista en CNN, dejó claro su compromiso con el rescate institucional, enfatizando en la necesidad de cambios significativos en las entidades de Gobierno.
Según el gobernante, el llamado a la renuncia de la Fiscal General y la disposición de emprender acciones legales demuestran la determinación de la administración de restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales, marcando un nuevo capítulo en la realidad política del país.
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